Generando una base empírica en América Latina y el Caribe: Una singular alianza para recopilar datos sobre la exclusión de la comunidad LGBTI

| By Phil Crehan
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En México, Amnistía Internacional documentó la historia de una persona gay proveniente de Honduras que buscaba asilo porque debió huir de su país luego de una serie de ataques que casi le cobran la vida. En toda Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el promedio de la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 35 años de edad o menos, a causa de la violencia desenfrenada que enfrentan. En Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y México, la organización OutRight Action International determinó que en el proceso de contratación predomina un gran estigma contra las mujeres bisexuales y lesbianas. En Uruguay, la Cámara de Comercio LGBT está distribuyendo entre los miembros de la comunidad una tarjeta de crédito como medio para evitar la discriminación en el momento de acceder a los servicios financieros.

En toda América Latina y el Caribe hay testimonios de violencia y discriminación, pero también de éxito de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Lo que está faltando en estas historias son cifras que muestren la magnitud del problema, así como el nivel de contribución de estas personas.

El 15 de noviembre, tres organizaciones lanzaron una alianza de investigación con el objetivo de generar datos cuantitativos que mostrasen la magnitud y los efectos de estas historias. NGLCC Global —la división internacional de la Cámara de Comercio LGBT Nacional de los Estados Unidos (NGLCC)—, el Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH se comprometieron a participar en un proyecto a largo plazo para generar estos datos en América Latina y el Caribe. La iniciativa fue anunciada en Washington D.C., durante la segunda semana empresarial anual global de la comunidad LGBTI, en una actividad auspiciada por el Grupo Central de Estados Miembros de la OEA para LGBTI y Accenture.

Según lo han demostrado diversas instituciones en el ámbito mundial, las brechas en los datos cuantitativos sobre las personas LGBTI son enormes. Tal como lo señala la CIDH en su compilación definitiva de estadísticas sobre la violencia: “Los mecanismos de recolección de datos en los países de la OEA son muy limitados”. Sin iniciativas de investigaciones a gran escala o de los gobiernos para recopilar datos, se menoscaban la capacidad de las personas LGBTI para poder representarse a sí mismas, su bienestar y sus medios de vida. Esencialmente, esto contribuye a su invisibilidad. A su vez, se obstaculizan las intervenciones eficaces por parte de los gobiernos, el sector privado y las organizaciones internacionales.

Esta alianza colaborativa de investigación representa una oportunidad única para generar datos y utilizarlos para promover un cambio progresivo, algo que muchas personas están denominando la infraestructura de investigación de la comunidad LGBTI. NGLCC Global, que se encarga de convocar y aportar la perspectiva del sector privado, cuenta con el conocimiento analítico especializado necesario para emprender investigaciones de avanzada mediante el uso de métodos establecidos para llegar a personas de la comunidad LGBTI de difícil acceso. Además, tiene socios en numerosos países de toda la región. La CIDH tiene experiencia jurídica en materia de normas internacionales sobre los derechos de las personas LGBTI, así como conocimiento de las leyes y políticas locales que repercuten en su bienestar. Por su parte, el Departamento de Inclusión Social de la OEA puede convocar a los interesados pertinentes y sus contrapartes gubernamentales a fin de facilitar la investigación y ayudar a promover la aplicación de las recomendaciones. El pasado 15 de noviembre, estas organizaciones no se preguntaron si podían crear una infraestructura investigativa, sino que plantearon cómo lo harán, desde la recopilación de datos hasta el análisis y las intervenciones.

Los asuntos relativos a la comunidad LGBTI siempre serán una cuestión de derechos humanos. No obstante, esta investigación de avanzada ofrece nuevas posibilidades para fomentar la inclusión empleando una perspectiva socioeconómica y de desarrollo económico. Cuando las personas LGBTI experimentan discriminación y violencia, impacta en todos los niveles de la sociedad. A nivel individual, las personas LGBTI obtienen resultados de desarrollo más bajos (salud, educación, empleo, etc.), en comparación con la población en general. A nivel comunitario, con frecuencia se observan abusos en todo un grupo, así como desigualdades sistémicas contra diversos subgrupos. La exclusión de estos segmentos de la sociedad puede tener un impacto directo en los objetivos del sector público y privado (esto incluye el PIB y otros objetivos de desarrollo humano).

Para el sector público, en las sociedades donde hay menos insumos dirigidos hacia la salud, la educación y el empleo de sus integrantes, puede surgir un “círculo vicioso” en el cual el crecimiento económico desregulado no redistribuye de manera significativa los recursos para el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los grupos marginados. Tal como lo afirmó durante la ceremonia la Embajadora Jennifer Loten, Representante Permanente de Canadá ante la OEA: “La inclusión es optar intencionalmente por respetar y celebrar la diversidad; es una vía comprobada hacia la paz y la prosperidad a nivel local y global”.

Esta vía socioeconómica basada en el desarrollo abre nuevas oportunidades para medir y comprender el grado de exclusión de la comunidad LGBTI, al igual que el impacto en la sociedad en general. También ofrece nuevos puntos de partida para fomentar el cambio, tanto en el sector público como en el privado.

La región de América Latina y el Caribe es un punto de partida ideal para esta investigación. En primer lugar, hay cada vez más leyes de protección y proponentes pro-LGBTI dentro del gobierno. Con respecto a esto último, muchos de los defensores desean saber cuál es el impacto económico de la exclusión y la inclusión de las personas LGBTI. Por ejemplo, la Embajadora María Emma Mejía Vélez, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, recientemente preguntó: “Para los latinoamericanos […] evaluar la exclusión económica de la comunidad LGBT es uno de esos desafíos […] Este es un momento para la inclusión. ¿Cómo traducimos esto en la funcionalidad de los gobiernos, e incluso de los gobiernos locales?”. En segundo lugar, la región cuenta con una diversidad de redes y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la comunidad LGBTI, algunas de las cuales ya se encuentran recopilando datos.

Al iniciar esta alianza de investigación, NGLCC Global, el Departamento de Inclusión Social de la OEA y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH comenzarán a generar datos que muestren la magnitud del problema y el grado de contribución de las personas LGBTI.

De izquierda a derecha: Ernest E. Cordova – Director Administrativo, Accenture; Embajador Hugo Cayrus Maurin – Representante Permanente de Uruguay ante la OEA; Soledad García Muñoz – Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la OEA; Embajador Juan Aníbal Barría – Representante Permanente de Chile ante la OEA; Dra. Betilde Muñoz-Pogossian – Directora del Departmento de Inclusión Social en la OEA; Embajadora Jennifer Loten – Representante Permanente de Canadá ante la OEA; Phil Crehan – Director, NGLCC Global; Fanny Gómez – Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales, Synergía; Justin Nelson – Cofundador y Presidente, NGLCC